Este término alude a la obligación que tienen las Administraciones Públicas de garantizar derechos urbanos a todos sus habitantes por igual, sin distinción, evitando que los derechos, bienes u oportunidades de unos territorios o una parte de la ciudadanía se produzcan a costa de una repercusión negativa en otros territorios o personas. Un modelo urbano justo socio-espacialmente fomenta la mezcla de población de perfiles culturales y económicos diversos, evitando la segregación urbana. Un espacio público saludable e inclusivo extensivo a toda la ciudad junto con la facilidad de acceso a los servicios públicos y a la vivienda son determinantes para conseguirla.